Por tercera ocasión consecutiva —tras las votaciones en los plenos del 7 y 21 de mayo—, los grupos de la oposición han paralizado la tramitación del expediente extraordinario promovido por el equipo de gobierno para la reparación urgente de la cubierta de la Plaza de Toros municipal.
El Pleno extraordinario celebrado este jueves, 15 de octubre, no logró sacar adelante la propuesta presupuestaria orientada a solucionar los graves daños estructurales causados por la tormenta de pedrisco de junio del año pasado.
Un impacto directo en los locales, trabajadores y familias de Moralzarzal
La consecuencia más grave de esta paralización recae directamente sobre los locales comerciales ubicados en los bajos de la Plaza de Toros y los negocios que allí desarrollan su actividad.
La demora en las obras de la cubierta mantiene en riesgo constante la seguridad e integridad de estos establecimientos debido a las filtraciones de agua y al deterioro progresivo del inmueble. Esta situación no solo compromete el día a día del comercio local, sino que pone en seria incertidumbre el sustento de las familias y los puestos de trabajo de los vecinos de Moralzarzal que dependen del funcionamiento normal de estos espacios.
Detalles de la financiación y la votación
- Presupuesto total del proyecto: 353.971,32 €
- Indemnización del seguro: 160.348,46 €
- Partida bloqueada (remanente de tesorería): 193.322,86 €
Durante la votación de este punto, el alcalde y el concejal no adscrito se ausentaron de la sesión al ser considerados personas interesadas. El resultado fue el siguiente:
- Votos a favor (7): Partido Popular (6) y Contigo (1).
- Votos en contra (8): VMP (4), PSOE (2), VOX (1) y MEC (1).
Un proyecto avalado por informes técnicos
La propuesta de la Concejalía de Hacienda contaba con informes técnicos e interventores favorables que justificaban la máxima urgencia de la actuación para solucionar de forma definitiva la estanqueidad del tejado y frenar los daños estructurales.
Con este nuevo veto en el Pleno, la licitación queda suspendida temporalmente, dilatando los plazos administrativos de contratación pública y dejando desprotegido el patrimonio municipal y la estabilidad de los comerciantes locales.
